Acuerdo Preventivo Extrajudicial… ¿una alternativa a la quiebra?

Una herramienta que parece diseñada especialmente para la coyuntura de crisis económica originada por la pandemia de Covid 19, la constituye el Acuerdo Preventivo Extrajudicial para empresas.

Si bien, el instrumento jurídico de acuerdos privados no es estrictamente novedoso, ya que existe en el ordenamiento legal desde hace mucho tiempo, ha ido sufriendo sucesivas reformas.

La más importante, establecida hace menos de veinte años, es la que amplía el objeto no sólo al deudor en cesación de pagos sino también al que se encuentra en dificultades económicas y financieras de carácter general.

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¿Qué lo torna atractivo?

La previsible falencia en que incurrirán muchas unidades económicas, principalmente pymes, ante el agravamiento de las condiciones de la economía, y lo convierte en un mecanismo de estricta vigencia y actualidad.

Los analistas económicos, las instituciones bancarias, el gobierno y los propios empresarios prevén un escenario de graves dificultades, mientras duren los efectos de la pandemia, e incluso para la primera etapa de la post-pandemia. Fundamentalmente teniendo en cuenta que la del país se trata de una economía jaqueada por sus desequilibrios intrínsecos.

La característica básica del APE es la posibilidad de reestructurar pasivos de un modo más simple y rápido que el procedimiento regular.

En efecto, siguiendo la vía normal, el proceso debería desembocar en un concurso civil preventivo, con la posibilidad de terminar en quiebra. Pero, además, el deudor pierde el control sobre sus activos ya que un síndico designado por el juez pasaría a ser el administrador.

Todo el proceso es más lento, trabado y oneroso por la intervención de la justicia, perdiéndose independencia y gobernabilidad sobre el mismo.

Por el contrario, en el contexto de la aplicación del citado acuerdo preventivo extrajudicial, es el propio deudor en dificultades quien comanda las acciones para reducir los pasivos negociando directamente con sus acreedores.

Si se logra un consenso que preserve los intereses de ambas partes, se puede solicitar la homologación judicial para asegurar el cumplimiento obligatorio de lo acordado.

La fortaleza de la homologación es tal que obliga, incluso, a los acreedores minoritarios que pudieran no haber participado del acuerdo.

En resumen…

Las ventajas probadas de este acuerdo preventivo extrajudicial son las siguientes:

– El deudor accede cuando se encuentra en dificultades financieras, sin necesidad de llegar a la cesación de pagos.

– Mantiene el control de las operaciones y la disponibilidad sobre sus activos, debiendo comunicar a los acreedores su voluntad de negociar formas y plazos de pago.

– Todo el procedimiento es más breve y sencillo que un concurso.

– El acuerdo homologado tiene fuerza de ley.

– La gestión del APE permite realizar una notable economía de recursos dado que no hay que erogar honorarios de sindicatura ni otras cargas, salvo la tasa de justicia.

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